El Defensor General de la Provincia Dr. Pedro Oscar García Castiella se reunió el pasado Jueves 11 de Junio con los representantes electos del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Sra. Cristina Cobos y Dr. Rodrigo Solá, quienes manifestaron su preocupación por la demora en la falta de integración y puesta en funcionamiento del Comité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes creado por la Ley Provincial 8024/17; y la situación en la que se encuentra la Provincia con relación a los compromisos nacionales e internacionales vigentes, asumidos con relación a dicha legislación.
Durante el encuentro, se hicieron conocer las gestiones desarrolladas para lograr la creación de los organismos que la ley referida establece, que son el Comité y el Concejo Consultivo. Manifestaron en este sentido la necesidad de acompañamiento en su implementación, en virtud de encontrarse dispuesta la creación del Sistema Provincial de Prevención en la materia desde el año 2017. “Esto pone a la Provincia de Salta en incumplimiento a lo dispuesto en los instrumentos internacionales y que el Estado Nacional ha incorporado a nuestro ordenamiento a partir de la reforma constitucional del año 1.994, mediante el Artículo 75 inciso 22, y otros instrumentos celebrados con posterioridad” explicaron los miembros electos.
“El panorama es sombrío si se tiene en cuenta los pocos resultados obtenidos desde su creación, para acercar la tan ansiada creación del Sistema de Prevención” sostuvieron.
También se consideró la necesidad de sostener la sujeción del accionar de las fuerzas de seguridad dentro del marco de las normas constitucionales vigentes y los derechos de los habitantes de la Provincia.
También durante el encuentro se trató lo relacionado a las denuncias existentes por numerosos episodios denunciados de violencia sobre detenidos ocurridos durante años anteriores en determinadas zonas del sur de la provincia y la necesidad de debido esclarecimiento judicial.
Por su parte, desde Nación y a través del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, se ha solicitado articular esfuerzos con las Provincias, como consecuencia de la reiteración de casos de abuso policial denunciados en las provincias a partir de la implementación de la cuarentena por la pandemia del Covid-19.