La Defensora General de la provincia, María Inés Diez, participó de la reapertura del establecimiento emplazado en Cerrillos que albergará a varones adolescentes en conflicto con la Ley penal. Sucede a dos meses de la aplicación de un nuevo proceso judicial en Salta que requerirá de la participación del Ministerio Público de la Defensa.
A partir de Septiembre, Salta aplicará el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Minoril contenido en la Ley N° 8.097. El procedimiento especial que se instaura mediante este nuevo Régimen legal, se aplicará en toda la provincia a las causas por delitos cometidos exclusivamente o con la participación de niñas, niños y adolescentes que, a la fecha de comisión del hecho, no hubiesen cumplido la edad de dieciocho años.
El nuevo procedimiento especial introduce cambios significativos entre los que se destaca el rol que asumirá el defensor penal juvenil, quien ahora podrá solicitar en cualquier momento la revisión de toda medida asegurativa del proceso impuesta a una niña, niño o adolescente.
Las medidas asegurativas del proceso son aquellas que los jueces penales juveniles pueden ordenar, por resolución fundada y a requerimiento o no del fiscal penal juvenil, siempre que hubiere peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Se cuenta entre ellas el alojamiento de niñas, niños y adolescentes en un instituto especializado que informará periódicamente al juez que lo disponga.
Dice la nueva normativa que siempre deberá adoptarse la medida que resulte menos gravosa para la niña, niño o adolescente y que el cumplimiento efectivo de las medidas impuestas deberá ser tenido en cuenta en la sentencia definitiva, a sus efectos.
Al respecto, la Defensora General de la provincia, María Inés Diez, manifestó que “la aplicación en Salta del nuevo proceso penal juvenil requiere de espacios físicos como el que acaba de reabrir en donde se opera con un régimen semi-abierto en el que los adolescentes trabajarán con operadores convivenciales que los proveerán de herramientas para su reinserción mientras requieran de la asistencia de los poderes Judicial y Ejecutivo de la provincia”.
Dijo también la magistrada que “en miras de los actores involucrados, es decir, la víctima y el autor del hecho punible y el Estado, se espera una solución sostenible en el tiempo que debe redundar en una sociedad que trabaja para una vida lo más pacífica posible”.
